De Oyarbide y de las cajas

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts abolutely"*

Lord Actom(1887)

El juez Oyarbide acaba de fallar acerca del crecimiento patrimonial del matrimonio presidencial de Nestor y Cristina Kirchner. El mismo le da el sobreseimiento sobre las denuncias formuladas por enriquecimiento ilícito debido al crecimiento del 158 % de sus bienes durante un solo año: el 2008.

No intenta esta breve reflexión realizar consideraciones de orden jurídico acerca del peritaje y los peritos que realizaron el relevamiento de los bienes, ni de los antecedentes del juez actuante y su probidad; ni respecto a la celeridad o al contenido del fallo. Tampoco se intenta desde este lugar una consideración moral al sorprendente quantum de la riqueza de los Kirchner que ya fueron realizadas en lo que se refiere al destino de sus poseedores por Mateo en las Sagradas Escrituras con aquello de que "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos".

Se trata sí de afirmar que el estado del siglo XXI, en una democracia de nuevas bases, debe ser un estado austero, transparente y participativo. Los fondos públicos son dineros del pueblo y deben manejarse con la mayor claridad y con la menor discrecionalidad.

No hay distinción posible entre la caja neoliberal y la caja revolucionaria. No hay "robo para la corona" bueno y malo. Cuando los dineros que son del pueblo se los utiliza para fines diferentes a la satisfacción de las necesidades populares, se configura un delito. En democracia, el fin no justifica cualquier cualquier medio, solo con medios lícitos pueden conseguirse bueno fines.

Que el dinero confiere poder no lo descubrió un seudo progresista en el siglo XXI, la experiencia de la humanidad así lo confirma. Y la humanidad progresó en justicia, igualdad y libertad por las ideas, los principios y la lucha. Lo demostró el Mathma que con sólo una rueca y la movilización pacifica del pueblo indú derrotó al ejército mas poderoso del mundo.

*" el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente"

MAYOR A LOS 18

El Congreso Nacional acaba de aprobar la reducción de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años.

Este proyecto de mi autoría, se transformó en la Ley Nº 26.579 y producirá importantes transformaciones en los derechos de los más de dos millones de jóvenes que hoy tienen 18, 19 y 20 años y a partir de ahora a los que cumplan 18 años.

Hasta la sanción de esta ley se daba el contrasentido que un joven podía ir a la guerra, elegir presidente de la Nación, conducir un automóvil y no se lo consideraba “capacitado” para alquilar un departamento, comprar o vender un inmueble, sacar un pasaporte, viajar al exterior o casarse sin permiso de los padres.

Y son las mismas voces que piden bajar la edad de punición de delitos hasta los doce años, los que se oponen a que los jovenes adquieran derechos a partir de los dieciocho.

Cumplimos con esta ley con la Convención Internacional de los Derecho del Niño que en su artículo 1º establece “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Los Tratados Internacionales fueron incorporados a la Constitución Nacional con jerarquía superior a las leyes, y por lo tanto su cumplimiento era una deuda pendiente.

El Código Civil redactado por el gran jurista Dalmacio Vélez Sarfield fue sancionado en 1869 y está vigente desde el 1º de enero de 1871, salvo reformas parciales como la de 1968 que bajó la mayoría de edad de 22 a 21 años en la que su autor el Dr. Guillermo Borda trató de modernizar el derecho civil imprimiéndole una dinámica apropiada a su tiempo. Después de más de 40 años de aquella reforma los tiempos han cambiado totalmente de manera que existía la necesidad de adecuar el Código Civil a la actual realidad.

Esta ley surge del sentido común y se adecua a los países del Mercosur que ya tienen la mayoría de edad a los 18 años como Brasil, Uruguay y Paraguay.

Ahora un/a joven de los sectores populares que con más de 18 años tiene un hijo, podrá llevarlo al hospital sin necesidad de ir acompañado del abuelo porque él/ella no tiene el ejercicio de la patria potestad. Asimismo, los jóvenes sin empleo –que en este segmento etario son mayoría- podrán iniciar un emprendimiento comercial o productivo.

El Parlamento argentino cumple así con los jóvenes dándole derechos que hasta hoy se le negaban.

POLITICA CRIOLLA

Como en el libro de Roberto Payró “Pago Chico”, la sempiterna política criolla aparece en toda su dimensión con el intento de imposición de la Reforma Política por parte del gobierno nacional. El mismo, descorriendo el velo de todas las puestas en escena que comenzaron con el diálogo político, tiene un solo y único objetivo: quedarse en el poder más allá de 2011.

El intento de perpetuación del elenco gobernante contrasta con la realidad de nuestros vecinos brasileños, uruguayos y chilenos. Lula con más del 70% de popularidad rechazó la posibilidad de cambiar las reglas de juego para intentar reelegirse. Tabaré Vázquez con los mismos índices positivos rehusó siempre el cambio de la Constitución para intentar un segundo mandato. Bachelet con 80% de imagen positiva ni siquiera consideró la posibilidad de presentarse de candidata porque la ley se lo prohibe.

Aquí, como en “Pago Chico”, la viveza criolla desarrolla creatividad para vulnerar esa valla infranqueable en democracia que es la voluntad popular. La realidad refleja que la sociedad tiene una imagen negativa del actual gobierno y expresa niveles todavía mayores de rechazo al ex presidente Néstor Kirchner.

Toda la ingeniería electoral pergeñada por esta Reforma obtura la posibilidad de nuevas alternativas, reclamo principal de una sociedad fatigada de la dirigencia tradicional que en más de dos décadas de democracia no supo, no pudo o no quiso mejorar la vida de las condiciones de vida de los sectores populares.

Además, la reforma eleva la exigencia de afiliados para constituir partidos políticos para presentarse a la elección y aumenta los pisos de votación en las internas abiertas para seleccionar candidatos, requisitos ambos claramente proscriptitos. Concentra el manejo del proceso electoral en el ministerio del Interior quitándoles facultades a la justicia y al Congreso, poniendo de manera alarmante al gobierno nacional como juez y parte de una elección que debiera garantizar transparencia, neutralidad e igualdad para todos los candidatos. No contempla una boleta única, ni voto electrónico, como existe – no en los países nórdicos, sino en lugares más próximos- en Brasil, Venezuela, Chile o México.

Esta Reforma Política así planteada es proscriptiva, tendenciosa y reaccionaria. Es funcional a las necesidades de un solo sector político y atrasa en relación a las nuevas exigencias de la sociedad en los tiempos actuales.

Las reglas de juego de la democracia son al decir de Norberto Bobbio “las reglas del juego democrático”, porque si no se preserva, fomenta y desarrolla la libre expresión de la voluntad ciudadana, se deteriora peligrosamente la democracia misma.

Argentina comenzó a salir de la “política criolla”, del “fraude patriótico” con la Ley Sáenz Peña que introdujo el voto secreto. Avanzó con la incorporación del voto femenino en 1951. La reforma a la Constitución Nacional en 1994 prohibió expresamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia en materia electoral y de partidos políticos y requirió leyes con mayorías especiales para su sanción, es decir, obliga a la búsqueda de consensos de todas las fuerzas políticas.

Hoy el oficialismo avanza sólo, intentando sacar de apuro una ley sin acuerdo de ningún sector de la oposición, es decir, impone una reforma política monocolor acorde a sus necesidades de perpetuación.

La sociedad ya demostró en distintas oportunidades en democracia que cuando hay vientos fuertes de cambio no hay alquimias, candidaturas testimoniales, manipulaciones electorales que impidan esos cambios. Otras veces – como en el 2001- expresó su protesta más cercana a la actitud nihilista que José Saramago desarrolla sorprendentemente en “Ensayo sobre la lucidez”, donde durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la mayoría de sus habitantes decide no ir a votar en actitud de protesta.

El ciclo kirchnerista aparece ciertamente agotado.

Se trata entonces de recrear una alternativa progresista real que transite un camino cierto de justicia, igualdad y libertad para nuestro pueblo.

“POBRES HABRÁ SIEMPRE”

Una bella y simple novela de Luis Horacio Velásquez, titulada “Pobres Habrá Siempre”, describía crudamente la explotación de los trabajadores en los frigoríficos. En ella había un mensaje claro de la necesidad de cambio y transformación social, y por ello el título mismo provocaba de antemano a la reflexión.

El Presupuesto 2010 enviado por el gobierno nacional al Congreso consolida el mismo patrón de injusticia de los últimos años, porque la mayor tajada de la torta se la seguirán llevando los que más tienen y los que más ganan. Seguirá consolidando a la vez la injusta distribución entre la Nación y las provincias, por lo que aquello de que “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires” se hace cada vez más patente y vigente.

El 75% de los recursos quedan hoy en manos de la Nación, y sólo el 25% se distribuye a las provincias a través del mecanismo de la coparticipación. En este contexto, será casi inevitable la profundización de los conflictos laborales. Los maestros, los médicos y enfermeros, los trabajadores municipales y provinciales, entre otros sectores asalariados, reclamarán –con justicia- incrementos salariales en una realidad en la que la inflación les adelgaza el bolsillo sistemáticamente. Y las provincias y municipios dirán seguramente que no tienen posibilidades de dar respuesta a esos reclamos en razón de que sus magros ingresos no lo permiten.

El gobierno nacional se resiste sin embargo a abordar el fondo del problema, que es la necesaria reforma tributaria. En el año 1975, la pobreza era de sólo el 4%, estaba vigente el progresivo impuesto a las grandes herencias que luego derogó Martínez de Hoz, y el IVA era del % 13, que Cavallo llevaría sucesivamente al 18 y luego al 21%. Hoy la pobreza supera el 30 %; el impuesto directo al consumo, que se hace sentir con más fuerza en los sectores populares, explica la mayor parte de la recaudación; y el gobierno se niega a avanzar con el impuesto a la renta financiera -una de las ganancias no gravadas- y otras reformas que pudieran revertir el carácter regresivo del sistema tributario argentino.

El Poder Ejecutivo acaba de anunciar un subsidio de $180 por hijo que alcanzaría a los trabajadores en negro y los desocupados. Toda transferencia monetaria destinada a los que menos tienen es un hecho que merece destacarse. Sin embargo, vemos que una vez más se recurre a un decreto de necesidad y urgencia en un tema donde existiría consenso suficiente para plasmar en ley y dar sustentabilidad al objetivo del combate contra la pobreza, como lo han propuesto distintos proyectos parlamentarios como el del socialismo. Y lamentablemente no se trata tampoco de un beneficio de carácter universal, por lo que quedará librado en mucho a la discrecionalidad de su aplicación en la determinación de a quién le toca y a quien no el necesario beneficio, perdiéndose la posibilidad de erradicar el clientelismo.

Por eso es necesario concretar las reformas estructurales que reviertan aquello en lo que dictaduras militares y neoliberalismo avanzaron en detrimento de los sectores populares, para que pobres no haya siempre, lo que se logrará sólo cuando el combate a la pobreza se convierta realmente en una verdadera política de estado.

EL FIN NUNCA JUSTIFICA LOS “MEDIOS”.

Si algo caracteriza a la democracia es la estrecha relación entre medios y fines: el fin nunca justifica cualquier medio. Las dictaduras, siempre, afirmaron lo contrario: en nombre del fin se justifican los medios más atroces.

La legislación vigente en materia de radiodifusión es el bando militar 22.285 de 1980, que fue modificado por más de 200 normas sancionadas durante gobiernos democráticos. Sólo en 9 ocasiones las modificaciones se hicieron por ley, otras 80 veces por decreto, y las 128 restantes por decisiones administrativas.

Todas (o casi todas) las modificaciones tuvieron una misma lógica: el poder económico logró concesiones de los gobiernos de turno para extender sus millonarios negocios en la materia, produciéndose así un proceso creciente de concentración de los medios en pocas manos. Hubo en estos 26 años de democracia, dos concesiones paradigmáticas. La primera de ellas fue la modificación del art. 45 de la ley de radiodifusión realizada en 1989 por el gobierno de Carlos Menem, que permitió a los titulares de los diarios acceder a los medios audiovisuales, posibilidad hasta entonces vedada, cuyo resultado fue la constitución de los llamados “multimedios”. La otra, la infundada y graciosa extensión por diez años más del plazo de las licencias concedidas a los medios televisivos y radiales, realizada por Néstor Kirchner a través del decreto 527 del año 2005. En ambos casos, el mayor beneficiario fue el multimedio que hoy el gobierno nacional aparenta combatir con el proyecto enviado al Congreso.

La sociedad argentina necesita una ley que garantice la libertad de expresión, y el pluralismo informativo y la diversidad de voces que son inherentes a ella. En otras palabras, la democracia argentina reclama poner fin a la discrecionalidad vigente, que obvio decirlo, la actual realidad normativa permite. El COMFER tiene hoy un interventor porque si se cumpliera el bando militar vigente, su directorio estaría integrado por miembros de las fuerzas armadas, cuestión hoy absurda. Esa es entonces la razón/justificación/excusa para que en realidad en materia de radiodifusión decida quien está en ejercicio de la presidencia de la nación. De esta forma, con un simple DNU se podría hoy extender graciosamente por más años las licencias, o entregar frecuencias de radio y TV con absoluta discrecionalidad.

Las exageraciones que hoy se ven y escuchan en el marco de la guerra desatada–“que es el fin de la libertad de expresión”, “que se consuma un sistema totalitario”, “que no se podrán ver más algunos canales”, “que no se escuchará más rock”, entre otros muchos absurdos-, no hacen más que afianzar la necesidad de sancionar una nueva ley que avance hacia un proceso de democratización de los medios en la República Argentina que permita –como sucede en las legislaciones de Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países- desconcentrar la propiedad, descentralizar la producción de contenidos y fomentar la diversidad de medios y la pluralidad de la información. En definitiva, una norma que plasme una idea de radiodifusión como servicio público esencial para la población, y no como un negocio para unos pocos, ni para el control por parte del Estado de la necesaria pluralidad de opiniones.

En esto simplemente se expresa el sentido de la posición socialista.

Y UNA VEZ, AL FIN, LLEGÓ

Los Jefes de Gabinete, de acuerdo a lo prescripto en el art. 101 de la Constitución reformada en 1994, tienen la obligación de concurrir al Congreso Nacional, al menos una vez por mes alternativamente a cada una de sus cámaras, para brindar informes “sobre la marcha del gobierno”. Es sabido, largamente, que ningún Jefe de Gabinete cumplió con lo señalado en el texto constitucional. Algunos de ellos incluso no llegaron siquiera a hacerse ver durante su mandato por el Senado de la Nación.

Si fue buena noticia la presencia del Jefe de Gabinete en la sesión del pasado 9 de septiembre, su respuesta al planteo que realizamos en relación a la necesidad de gravar la renta financiera fue propiamente un clásico argumento del neoliberalismo: “habrá una corrida bancaria”.

La confrontación producida por la cuestión de las retenciones agropecuarias escondió el tema central de la agenda pendiente en la República Argentina: la reforma tributaria. Una necesaria reforma tributaria que implicaría que paguen más quienes más tienen y más ganan, no como en el esquema impositivo actual en que el IVA, impuesto indirecto al consumo, es el tributo que más recauda. Son los sectores populares, cuando compran por ejemplo un paquete de yerba o de azúcar, quienes más aportan a las arcas nacionales: 21 pesos por cada 100 que gastan. De esta forma, como evidencia de la flagrante inequidad actual, puede constatarse que el 56% de la recaudación total del IVA, aproximadamente 45.000 millones de pesos, proviene del 30% más pobre de la población.

Por ello el sistema tributario argentino está considerado como uno de los más regresivos e inequitativos del mundo. Evidentemente no tiene explicación razonable el por qué las ganancias de quienes compran y venden títulos y acciones en la bolsa, no estén gravadas por impuesto alguno.

Juan B. Justo sostenía que “sin impuestos no hay democracia”, a lo que podría agregarse que tampoco habrá justicia sin impuestos justos.

Un sistema impositivo progresista no está en la agenda del gobierno nacional, el Jefe de Gabinete la calificó de impracticable, con el falaz argumento de un “gravísimo peligro” consecuente, la supuesta corrida bancaria.

LA GRAN PIÑATA

Al finalizar los cumpleaños de niños, cuando se rompe la piñata de la cual caen caramelos y golosinas, la expresión habitual de los mayores es “no vale hacer remerita”. Esto es así porque algunos pícaros se valen de la remera utilizada a manera de una bolsa para que caiga allí la mayor cantidad de caramelos y golosinas, método mucho más rápido que recoger del piso uno a uno.

Cuando se repasan detenidamente los artículos 152, 38 y 25 del proyecto oficial de Medios Audiovisuales, surge de la combinación de los mismos una fenomenal “piñata” que no hay que tener demasiada imaginación para saber quién hará “la remerita”.

El artículo 152 establece que el plazo de un año para la adecuación de los actores a las prescripciones de la nueva ley (cantidad máxima de licencias, composición societaria, etc) no se computará a partir de la sanción de la ley sino “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”, es decir desde que lo establezca el propio gobierno.

El artículo 38 establece una serie de restricciones que obligarán a varios grandes medios a desprenderse de muchas licencias y empresas, hecho en sí positivo. Pero al mismo tiempo, ya se especula en qué manos pueden caer las mismas, a precios devaluados. Algún ejemplo paradigmático de esta práctica ya lo podemos encontrar en la venta de acciones de YPF.

Y la combinación se cierra con el artículo 25, que habilita el acceso a las telefónicas al negocio del cable, y quienes a la luz de las restricciones a la participación de capital extranjero establecidas en la Ley de Bienes Culturales de 2003 y en el inciso IV del mencionado artículo, deberán asociarse con “inversores nacionales”.

La autoridad de aplicación, en razón de la composición mayoritaria del Ejecutivo (3 sobre 5), habilita a algún funcionario a “hacer la remerita”, con la consecuencia directa que esta ley no será la ley de la democracia que nos debemos los argentinos, una norma que garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información –derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional-, sino que resultará fundamentalmente un gran negocio para unos pocos amigos del poder.

¿QUÉ VEMOS, QUÉ ESCUCHAMOS?

Veinticinco años de democracia no lograron, todavía, que el Parlamento argentino sancione una Ley de Radiodifusión.
La pregunta inmediata es, ¿por qué? No es casual entonces que esto ocurra cuando son muchos los intereses económicos en pugna y los formidables juegos de poder que se manifiestan. Se discute nada más ni nada menos la posibilidad en el siglo XXI de progresar en la democratización de la información, de garantizar la libertad de expresión y el acceso de todos a la revolución de las comunicaciones.
Los distintos gobiernos enviaron en estos años proyectos de ley al Congreso, una cantidad importante de diputados y senadores nacionales presentaron también proyectos, ninguno avanzó. Sí, se dictaron 205 normas que modificaron el bando militar que rige la radiodifusión argentina. De todas ellas sólo nueve se hicieron por ley, ochenta por decreto y 126 por decisiones administrativas. La mayoría de las veces, casi siempre, por presiones del poder económico sobre el poder político con un resultado que está a la vista: creciente concentración de la titularidad de los medios de comunicación, exclusión de actores sociales como las cooperativas y las universidades que puedan generar propuestas de radiodifusión alternativas y, vacíos legales frente a las nuevas tecnologías en la materia.
El actual gobierno, -el mismo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527de 2005 tomó la medida discrecional e injustificada de prorrogar la explotación de las licencias por diez años, consolidando los privilegios existentes a favor de los grupos concentrados- envía ahora un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno nacional, después de la derrota que sufriera en las urnas el 28 de junio, se comporta como en aquella muy aguda ocurrencia de Bertold Brecht - que Eric Hobsbawm describe en "Años interesantes"- acerca de un gobierno que al no lograr el consenso del pueblo, entonces disolvía al pueblo y elegía a otro nuevo.
La sociedad es la que está con su nivel de conciencia marcando un nuevo camino, y le dio en este sentido un claro mensaje al gobierno que debe cambiar las prácticas hegemónicas y concentradoras por un nuevo diálogo con el Parlamento y con la sociedad. Sin embargo, el gobierno ante la derrota interpreta que debe profundizar las practicas que lo llevaron a la misma. La pregunta surge de forma inmediata ¿y si hubiese ganado?
Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes importantes en los ultimos anos. Tampoco demorarse su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. En definitiva, la coartada para que no se sancione nunca como hasta el presente una nueva ley de Radiodifusión.
El Congreso debe abrir hoy un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva radiodifusión como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo negocios para unos pocos.
En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.

¿EL VERDADERO SENTIDO DEL DIALOGO O UN DIALOGO CON SENTIDO?

El gobierno nacional convocó en estos días al diálogo a los partidos políticos, los gobernadores, los empresarios y los trabajadores. Fue noticia y abrió innumerables especulaciones porque no fue precisamente el diálogo una práctica cultivada desde el poder en los últimos años.

Si existen dudas de las verdaderas motivaciones del diálogo en algunos sectores, ninguna duda existe que la causa verdadera del mismo se encuentra en el resultado electoral del 28 de junio.

¿Querrá el gobierno sólo un encuentro para la foto, es decir, tomar nota de los reclamos, demandas, puntos de vista de la realidad que ofrecen los convocados y continuar con la misma receta que hasta el presente?. ¿Hasta qué punto los convocados pueden hacer retroceder al gobierno de su actual posición, a cuántas de sus prerrogativas actuales se le puede obligar a renunciar?. Las definiciones dadas por algunos de sus ministros en materia de superpoderes, Consejo de la Magistratura o coparticipación federal son algunas pistas que indican que no es mucho lo que realmente piensan en cambiar.

Si de algo carece este gobierno es de sutileza, cuánto no sí de falta de astucia. Queda claro que necesita de algún tipo de acuerdo en lo económico-social para pilotear la crisis y en lo político las internas abiertas para la selección de candidatos presidenciales que le permita manejar el proceso en el justicialismo.

El poder consiste en la toma de decisiones y obvio referirlo, está en manos de quienes toman las decisiones: el gobierno y el Parlamento Nacional.

La voluntad popular –fallo inapelable- dejó equilibrado el poder para los próximos dos años, puso fin a la hegemonía kirchnerista ampliando distintas perspectivas opositoras.

El diálogo puede constituirse en una herramienta poderosa si el gobierno entiende que la nueva realidad lo obliga a negociar, a consensuar, a acordar a la luz del día y ante los ojos de la sociedad nuevas políticas para que la crisis no la paguen – como está ocurriendo hoy- los que menos tienen, que la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias sea más equitativa y que la calidad institucional pueda mejorarse con otro INDEC, otro Consejo de la Magistratura, con internas abiertas para que participe la ciudadanía, con transparente funcionamiento de la política y con boleta única para mejorar el sistema electoral caduco y anacrónico vigente.

El camino es complejo, no sencillo. La verdadera gobernabilidad la da el consenso de los ciudadanos, no el manejo discrecional de los fondos públicos para disciplinar voluntades.

El país necesita una reforma tributaria integral , que paguen los que más tienen y más ganan, elevando el impuesto a las ganancias y eliminando el IVA a los productos de la canasta familiar, gravando la renta financiera, el juego y las actividades mineras. Dándole a los jubilados lo que el derecho constitucional les otorga que es una movilidad justa y no sobrevivir con $700 por mes, un ingreso mínimo garantizado a las familias en estado de pobreza e indigencia y subsidiar tasas de interés a las PYMES industriales y agropecuarias que generan el 34% del empleo nacional , entre otras medidas para afrontar la crisis desde la perspectiva de la producción, el empleo y el consumo.

Para ello el país requiere un acuerdo social, económico y político, y el diálogo es un camino para lograrlo, ése es su verdadero sentido.

Ulrick Beck escribió que “no pueden buscarse soluciones biográficas a contradicciones sistémicas, salvaciones individuales de problemas compartidos”, el gobierno es el primero que debiera entenderlo para que el paso de dirigentes políticos, gobernadores, trabajadores y empresarios por la Casa Rosada no destruya una buena oportunidad para todos.

Desde la oposición o de amplios sectores de la sociedad, no se trata del debate inconsistente, de creerle o no creerle al gobierno en esta convocatoria, tampoco de pararse ante la fatalidad del fracaso para recorrer la profesía autocumplida, sino de plantear con seriedad y responsabilidad propuestas superadoras para abordar la crisis.

La realidad argentina parecería encarnarse en los cantos de Virgilio :
”ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio”.

“NI CONTIGO NI SIN TI”… o la construcción de una fuerza alternativa de gobierno.

El último 28 de junio con su libre expresión en las urnas, la sociedad le puso fecha al fin del kirchnerismo en la política argentina: 10 de diciembre de 2011.

Así como hoy es difícil encontrar adherentes de la expresión política que gobernó en los noventa el país por diez años: el menemismo; será también extraño encontrar dentro de un tiempo adherentes al kirchnerismo.

El justicialismo continuará oscilando, de acuerdo al contexto nacional e internacional – como “partido del poder”- de políticas de centroizquierda a políticas de centroderecha y viceversa, indistintamente.

A su vez, sus liderazgos representativos expresarán fielmente el tiempo que les toque encarnar.

La realidad política argentina circuló respecto al justicialismo en las últimas décadas como en los cantos de Virgilio “ni contigo, ni sin ti tienen mis males remedio”.

Ante el evidente ya fracaso del actual gobierno de resolver los problemas estructurales de la Argentina: la injusta distribución de la riqueza y la pobre calidad institucional; el desafío inmediato es construir una fuerza alternativa de gobierno y, a la vez aportar a clarificar el sistema político donde izquierda y derecha al decir de Norberto Bobbio sean lugares programáticamente definidos donde se identifiquen las fuerzas políticas constituidas.

Las diferencias sustantivas entre Brasil, Uruguay y Chile con respecto a la Argentina se manifiestan en variadísimas cuestiones pero es, en sustancia en la anormalidad de nuestro sistema político. En dichos países no hay dudas para la sociedad que partidos políticos significan programáticamente la izquierda y la derecha y, un espacio de centro que pivotea entre ellos, en alianzas, coaliciones o frentes, que expresan en cada momento las relaciones de fuerza de la sociedad.

En la Argentina el problema no es tanto que el justicialismo mute de derecha a izquierda o viceversa, o tenga sectores que expresa a la vez y al mismo tiempo posiciones de derecha o de izquierda, sino que hasta hoy no se ha construido una fuerza alternativa que pueda primero gobernar el país y a la vez por su misma existencia clarifique el sistema político nacional.

El surgimiento del PT en Brasil resolvió las dos cuestiones: las de gobierno y las del sistema político; el Frente Amplio en Uruguay y la Concertación democrática en Chile también lo hicieron.

En Argentina las dos cuestiones están pendientes.

La definición de un Programa de Reformas, claramente de centroizquierda que esté orientado a los procesos de cambio que beneficien a los sectores populares y, el diálogo y el acuerdo con las fuerzas políticas y sociales que puedan adscribir al mismo aparecen como una primera tarea urgente de realización.

UN FUTURO PROMISORIO Y UN PRESENTE DE MUCHO COMPROMISO

Tenemos la gran satisfacción de haber alcanzado un piso muy alto de apoyo que le da al Frente Progresista Cívico y Social una perspectiva muy positiva de crecimiento e inserción en toda la provincia. En una campaña que arrancamos de abajo, y tras una espectacular remontada, alcanzamos una votación por encima del 40 %, con casi 700 mil votos en la provincia de Santa Fe. Indudablemente no nos alcanzó para ganar. Pero estos números, muy altos si los comparamos con otros distritos electorales del país donde varios candidatos ganaron con porcentajes bastante menores, nos dan una satisfacción y responsabilidad muy grande.

En el plano nacional, la elección expresó con contundencia la voluntad inapelable de la ciudadanía de cambiar el Congreso Nacional. Era necesario cambiar una mayoría disciplinada del kirchnerismo en el Congreso; para que un Parlamento con una nueva composición permitiera abrir una etapa de mayor dialogo y consenso para abordar la agenda pendiente en la República Argentina. Y mirando los resultados de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, se ve la contundente expresión de esa voluntad popular.

Lamentablemente, luego de escuchar las expresiones públicas de la Presidenta de la Nación, vemos que todavía no se tomó registro de la expresión de la ciudadanía en las urnas.

La crisis se manifiesta hoy con su mayor crudeza, y por eso el Congreso de la Nación debe abordar sin más demoras esta problemática. En ese contexto vamos a seguir insistiendo con la eliminación del IVA a los productos de la Canasta Básica de Alimentos, con el reclamo de una movilidad justa que reintegre el 82 % móvil que acerque las jubilaciones al salario mínimo vital y móvil, vamos a insistir con la suspensión por 180 días de los despidos y las suspensiones, vamos a insistir con la rebaja de las tasas de interés para los créditos a las PYMES del campo y la ciudad, que son a quienes hay que apoyar para combatir esta recesión que nos pone otra vez ante el fantasma del desempleo.

Necesitamos el cumplimiento de la actual ley de coparticipación federal, ya que se nos sustraen a las provincias importantes fondos que les corresponden por derecho propio. Necesitamos también la derogación de los superpoderes, que permitió una alta discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y nos condujo a un proceso de fuerte deterioro institucional. Insistimos en la necesidad de establecer una política nacional agropecuaria consensuada que permita darle a la producción una perspectiva de trabajo y rentabilidad que permita reactivar la actividad en un momento de recesión que golpea duramente. Estos son algunos de los grandes temas de la agenda que se viene en el Congreso.

En cuanto al análisis concreto de las elecciones en el marco provincial también estamos muy satisfechos por lo que hemos producido a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ha quedado claro que no hay un voto del Norte y otro del Sur, hemos ganado ampliamente –por más de 10 puntos- por ejemplo en el departamento General Obligado, con un holgado triunfo en ciudades como Reconquista, Avellaneda, y Villa Ocampo. En el otro extremo de la provincia, hemos ganado el departamento Constitución, con un importante triunfo en su cabecera, Villa Constitución. Tampoco se ve una diferencia entre ciudades grandes y ciudades chicas, ya que hemos ganado también en muchas ciudades pequeñas de la provincia, lo que manifiesta que donde pudimos llegar con nuestro mensaje pudimos también obtener resultados importantes.

Y contamos con el resultado esperado de Rosario, donde tuvimos un muy buen desarrollo electoral, y ganamos por casi 17 puntos de diferencia, en todas las seccionales de la ciudad. Los rosarinos nos conocen por la gestión, tanto municipal como parlamentaria, y nos dan un apoyo permanente que es producto de muchos años de trabajo, en los que hemos demostrando honestidad, eficiencia y solidaridad en la práctica de la gestión pública.

Nos fue mal en departamentos importantes como La Capital, Castellanos y Las Colonias, donde evidentemente nuestro mensaje no tuvo la inserción que adquirió en otros lugares de la provincia y en donde la diferencia con respecto a la lista ganadora fue muy importante. Si bien estuvimos arriba del 30 % de los votos en el departamento La Capital, creo que nos falto quizás un poco mas de tiempo para que muchos santafesinos pudieran haber encontrado razones para votarnos.

Este importante resultado electoral nos deja indudablemente una gran responsabilidad hacia adelante. Lo dijimos en la campaña cuando recorrimos más de 25 mil km y 100 localidades, cuando presentamos las propuestas de coparticipación federal, de política agropecuaria, de salud, de políticas sociales, de vivienda, de educación y de infancia. Que ese era nuestro compromiso con la Provincia de Santa Fe, que es nuestro contrato que vamos a cumplir durante el desarrollo de nuestra gestión en las bancas parlamentarias que cada uno de nosotros ocupará. Y por lo tanto, esas propuestas quedan como el contrato de trabajo hacia delante para continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, y para mejorar un Congreso de la Nación.

Por todo ello, entendemos que el saldo de esta campaña y de la expresión libre de la voluntad popular nos deja un saldo altamente positivo para el Frente Progresista Cívico y Social. Nos queda un futuro promisorio, y un presente de mucho compromiso.

PARA TENER MEMORIA

“Quiero manifestar que considero que con el presente proyecto de ley el Poder Ejecutivo nacional continúa avanzando en su política de manejo discrecional de los fondos públicos. Esto es innegable; porque esta facultad que se le da al gobierno nacional a partir de la modificación de la ley de Administración Financiera le deja la libre disponibilidad de los 100 mil millones anuales del presupuesto nacional.

Por lo tanto, creo que la ley de Presupuesto —respecto de la cual se dijo en abundancia hoy que es la "ley de leyes"— se transformará en una norma virtual, porque en la práctica será reemplazada por las potenciales decisiones del gobierno nacional. La habilitación es para que se pueda reformar todo el presupuesto.

Y no se trata indudablemente de un hecho aislado. Tengamos en cuenta en este sentido la administración de los recursos públicos bajo la forma de los fondos fiduciarios creados –que han crecido a dieciséis- con un flujo de ingreso anual superior a 3.700 millones de pesos. En consecuencia, sabemos que lo que se propone se contradice con una administración que quiere tener una planificación, control y transparencia en el manejo de esos fondos públicos.

Además, hay que tener en cuenta la falta de información y control existente. Bien se dijo que la SIGEN y la Auditoría General de la Nación controlan los fondos fiduciarios, pero todos somos conscientes de que es absolutamente imposible comparar el manejo de los fondos fiduciarios con el de la imputación presupuestaria, ya que en este último caso se tiene una verdadera certeza acerca de lo que pasará en un año con esos fondos; y eso se aprecia con las obras públicas. Y esto se ve asimismo agravado también por la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 906/04, el cual posibilita al Poder Ejecutivo desviar recursos de los fondos fiduciarios.

Otro elemento que también determina que esto no es un hecho aislado, fue la sanción de la ley de cargos específicos, que acá se discutió mucho, pero que lamentablemente se aprobó y que yo considero negativa, porque avanzó en el manejo discrecional de fondos. Y dicha ley significó también otro retroceso de este Parlamento, porque el Poder Ejecutivo se arrogaba la posibilidad de imponer cargos, que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación.

Creo entonces que se repiten y se profundizan los mismos viejos vicios institucionales del país: una centralización de la relación de poder a nivel horizontal del Poder Ejecutivo en desmedro del Congreso y una centralización de la relación Nación—provincias en detrimento de estas ultimas. Y vamos deslizándonos así en lo que Guillermo O’Donell señala como una “democracia delegativa”, es decir, la democracia representativa va configurándose en un presidencialismo cada vez más profundo”.

(Intervención del Senador Giustiniani fundamentando su voto negativo a la ley de superpoderes, 13 de julio de 2006)

AUNQUE EL MONO SE VISTA DE SEDA...

Las piruetas electorales del kirchnerismo se suceden:
Cambia la ley electoral propuesta por ellos mismos un tiempo antes, y adelantan las elecciones legislativas. Néstor Kirchner -ex presidente de la nación- es, sin estar en el padrón ni ser bonaerense candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Conspicuos dirigentes de diálogo cotidiano con el poder amenazan a la sociedad con que si pierden se van.
Daniel Scioli se anuncia como candidato a diputado nacional para no asumir nunca, porque seguirá siendo gobernador luego de las elecciones.
Intendentes que serán candidatos a concejal tampoco asumirán nunca porque seguirán en sus puestos.
Cada conejo nuevo que sale de la galera de Néstor Kirchner más que a ese bello animalito se va pareciendo a un esperpento.
Todo es relativamente legal, ¿será legítimo?. Es una defraudación a la voluntad popular antes o después.
Día a día nos alejamos del país normal que anhela la inmensa mayoría de los argentinos.
El fin justifica cualquier medio, y la democracia y la calidad institucional continúan en un plano inclinado descendente.
El kirchnerismo sabe que la elección la tiene perdida porque han perdido el consenso con la sociedad y en vez de modificar sus políticas de gobierno buscan la manera de enmascararse para disimular la derrota.
El Kirchnerismo está agotado, porque nació como proyecto político exclusivamente de poder y el poder en las democracias reside exclusivamente en el consenso de los ciudadanos. No alcanza la chequera, no alcanza el disciplinamiento de sectores políticos y sociales a través de los fondos públicos, la hegemonía conseguida a través del aparato estatal sin acompañamiento de los sectores populares es un elefante con pies de barro. Lo enseña la historia reciente del mundo y de nuestro país.
María Estuardo en la obra de Schiller le pide a Isabel “que se atreva a parecer lo que es”. ¿Es definitivamente el kirchnerismo los intendentes del conurbano bonaerense, Aldo Rico y los gobernadores mas conservadores de Argentina?. No somos ni de izquierda ni de derecha somos el poder podrían decir, fueron el poder podría replicarse. La cuestión es lo que vendrá.
La crisis golpea y la falta de medidas efectivas por parte del gobierno nacional hará que como siempre la paguen los que menos tienen.
Siguen pendientes un ingreso mínimo garantizado para los sectores pobres e indigentes, una reforma tributaria integral para que paguen más los que más tienen y los que más ganan, verdaderas políticas de salud publica, la preservación del empleo, el combate al empleo en negro, el fomento y desarrollo de las pymes y la verdadera justicia con los jubilados.
El 28 de junio recibirá el gobierno nacional un voto contundente de rechazo, se trata que emerja del mismo una verdadera alternativa progresista y no el recambio con “nuevos opositores” oportunistas que fueron parte del pasado más dramático de nuestro país.
Lo importante de la democracia es que en cada elección como lo será el próximo 28 de junio todos valemos igual: “un hombre un voto” escribió Norberto Bobbio. Ante tanto mamarracho institucional, el pueblo tiene la palabra.

UN PRESIDENTE DECENTE
“Los mitos no acuden a la complicidad de nuestra razón, sino a la de nuestros instintos”
André Malraux

La movilización popular que acompaño los restos de Raúl Alfonsín en los tres días de duelo y despedida en el cementerio de la Recoleta, mostraron una adhesión de tristeza y recogimiento de importantes sectores de la ciudadanía inesperada en su magnitud.

Muchos interrogantes se abrieron:¿ cual es el legado de Alfonsín ?, ¿ cual es el balance de su gestión presidencial y de su liderazgo al frente de la Unión Cívica Radical ?, ¿Cuál fue su aporte al proceso de consolidación de la democracia y los derechos humanos ?.

Los griegos expresaban en el claroscuro, en las luces y las sombras, la significación dual de una misma realidad. Quizás con el paso del tiempo, la mirada objetiva de la historia la acerque a esa perspectiva. Alfonsín es el juicio a las juntas militares y las leyes de obediencia de vida y punto final, es el consejo de consolidación de la democracia y el pacto de Olivos, encabezó un gobierno con pocas reformas estructurales en lo económico y lo social que culminó en un proceso de hiperinflación que castigó esencialmente a los sectores populares. Fue un gobierno austero, respetuoso de las leyes y, fundamentalmente un gobierno honesto.

Luego de todo lo vivido en el país en los 25 años de una larga transición democrática la sola condición de dirigente político decente le otorga a Raúl Alfonsín un reconocimiento especial de la ciudadanía.

Alfonsín vivió y murió en el mismo departamento de la calle Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires. Después de haber sido concejal, diputado provincial y nacional, senador nacional y presidente de la argentina no se enriqueció con la función pública. Quizás eso y solo eso en la tremenda crisis de legitimidad que tiene la dirigencia política con la sociedad, explique la respuesta espontánea de la ciudadanía ante su muerte.

No abandono nunca Raúl Alfonsín su humildad, su austeridad, su decencia. Contradijo aquello de que “el poder corrompe” porque se alejo siempre conciente “del poder absoluto que corrompe absolutamente”. Se acerco a lo que Andrés Rivera escribió del Gral. Paz en “Ese Manco Paz”: “no quería tierras el manco, y no había oro en tierra argentina que comprase al manco, y no había tributos ni homenajes que corrompiesen su voluntad”.

Simplemente por ser en la historia argentina un presidente decente Raúl Alfonsín es ejemplo para los jóvenes de nuestro país.

EL SOFISMA DE CRISTINA

Sofisma según la Real Academia Española es un argumento aparente con que se quiere defender que lo falso es verdadero.
La Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia recientemente y en dos oportunidades a los montos transferidos a la provincia de Santa Fe en concepto de coparticipación, resaltando que “los mismos se encuentran en su máximo valor histórico”.
Las dos oportunidades que utilizó, una en su discurso en la presentación de un plan de viviendas en Rosario y la otra en el discurso de apertura de las sesiones del período legislativo del Parlamento Nacional, obviamente, no pudieron tener una respuesta inmediata por las circunstancias en que se realizaron.
Es verdad lo dicho por la Presidenta de la Nación que la coparticipación a la provincia de Santa Fe en el año 2008 ascendió a $4.398 millones, cifras que efectivamente en valores nominales son las más altas alcanzadas. Pero la Presidenta omite decir, al hacer mención de cifras nominales de transferencia que, como lo ha experimentado la mayoría de las variables económicas en los últimos tiempos, las mismas han aumentado producto del crecimiento económico y del proceso inflacionario. Podría con el mismo criterio presidencial decirse que un jubilado que cobra $690 está en su “máximo valor histórico”, pero es obvio que estas afirmaciones carecen de sustento en sí mismas si no se referencian en cuánto le cuesta vivir dignamente a un jubilado o cuánto le cuesta a la provincia llevar adelante las funciones mínimas de salud, educación, justicia, seguridad y acción social entre otras.
Desde otra perspectiva existen sin embargo, diversos indicadores que nos señalan que la participación de las provincias ha decrecido en el total de los recursos y particularmente para Santa Fe existe una injustificable desproporción entre el aporte que realiza su economía a las arcas nacionales, las necesidades insatisfechas de nuestra población y los montos que recibe por transferencia por todo concepto.
En numerosas oportunidades se ha planteado el problema de la centralización de los recursos y el incumplimiento del artículo 7 de la Ley de coparticipación que establece un piso de garantía al determinar que “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración central, tengan o no el carácter distribuible por esta ley”.
Así vemos que durante el año 2008 el total recaudado por la Nación ascendió a $269.375 millones(incluye impuestos y contribuciones a la seguridad social), mientras que lo transferido a las provincias en concepto de coparticipación sumó $68.809 millones, es decir un 25,54%. En pesos la diferencia de menor coparticipación respecto a la garantía establecida es de $22.778 millones. Si tomamos los últimos 6 años (2003/2008), la diferencia acumulada por menor coparticipación al conjunto de las provincias es de $83.548 millones.
Otro dato revelador de esta centralización es que mientras el total de los recursos nacionales se incrementó en el año un 34,8%, la coparticipación a las provincias sólo lo hizo en un 25,8%.
Para la provincia de Santa Fe, de regir el piso de la garantía de coparticipación le hubiesen correspondido durante el año 2008 una coparticipación de $8.206 millones. Esta cifra es si consideramos que para el cálculo de la garantía coparticipable deben incluirse los recursos de la seguridad social, postura que sostenemos ya que la ley se refiere a la totalidad de los recursos. Sin embargo si no consideramos esos recursos (que en el año ascendieron a $51.143 millones , la coparticipación a Santa Fe debería haber ascendido a $6.600 millones, es decir $2.300 millones más que los que se le han girado.
Otro aspecto a considerar es el aporte que realiza la economía santafesina en el total de los ingresos públicos nacionales. Particularmente nuestra provincia sufre un hecho que necesariamente debe ser contemplada en la discusión de la distribución de recursos en un marco de solidaridad y aporte al equilibrio regional. Un aspecto principal del fortalecimiento de las finanzas nacionales lo constituyen las retenciones a las exportaciones. Durante el año 2008, por los derechos de exportación se recaudaron $36.055 millones. Conforme a los datos estadísticos de la AFIP, del total de retenciones corresponden a exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agroindustrial el 63% de las mismas. De dichas exportaciones, fundamentalmente merced al aporte de los complejos oleaginoso y cerealero, nuestra provincia tiene una participación del 35%, por lo cual la economía santafesina aporta una porción importante del monto recaudado en concepto de retenciones estimado en $7.950 millones para el año 2008. Debemos tener presente que, a diferencia de las provincias petroleras, no recibe regalías por dicha producción.
Si bien por disposición constitucional los recursos aduaneros corresponden exclusivamente a la Nación, y el gobierno nacional argumenta que son destinados a las provincias de manera indirecta a través del financiamiento de políticas sociales, es preciso entablar un debate acerca del mismo, y sin duda se requiere una mayor participación de la provincia en la definición del destino de dichos recursos.
Más allá de las retenciones, del resto de los impuestos dentro de nuestra provincia se recauda el 4,9% del total y de la seguridad social se recauda un 6,4%. Es decir que nuestra economía provincial aporta al fisco nacional los siguientes montos: Impuestos Nacionales: 8.926 millones; Seguridad Social: 3.913 millones; Retenciones: 7.950 millones
Sumados el aporte de nuestra economía a la recaudación total nacional es de $20.789 millones. De todo lo aportado, vemos que en concepto de recaudación, sólo se le devuelve a nuestra provincia un 21,11%. Es decir de cada cien pesos que enviamos, retornan sólo veinte.
Los datos nos demuestran la injusta distribución de recursos que sufre nuestra provincia.
Es necesario discutir un nuevo esquema de coparticipación bajo las pautas establecidas en nuestra constitución de automaticidad en la remisión de fondos, objetividad en los criterios de reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estos criterios actualmente no se cumplen. Más allá de esta discusión, cumplir con la garantía legal del 34% es posible implementarlo en forma inmediata y significaría un sustancial avance en el fortalecimiento del federalismo fiscal. Es correcto entonces, ante la negativa del gobierno nacional, recurrir a la justicia para reparar esta situación.
En la Grecia antigua los sofistas eran un grupo de intelectuales que poseían una gran dote de retórica y dialéctica. Entre sus sentencias se encuentra aquella que cada individuo percibe al mundo a su modo y conveniencia. Quizás por ello el movimiento sofista degeneró convirtiéndose en un medio lucrativo: manipular a la sociedad con argumentos relativos y hasta con falsas nociones sólo para obtener alguna utilidad material.
Quizás, sin reconocerse en otros tiempos, en la política argentina suele recurrirse con frecuencia a sofismas, que la sapiencia popular suele descubrir con relativa facilidad.

La Guerra en Medio Oriente

ALTO EL HORROR

El viejo conflicto en Medio Oriente lleva más de sesenta años y la necesidad sigue siendo la misma: el logro de la paz.

El actual presidente de Israel Shimón Peres solía relatar un proverbio árabe: “¿cuál es la diferencia entre la guerra y la paz? – le preguntó un anciano a un joven y él mismo respondió, la diferencia es que en la paz los hijos entierran a los padres y en la guerra los padres entierran a los hijos”.

La resultante de la ofensiva del ejército israelí arroja más de novecientos muertos, más de un tercio son niños, trece israelí entre ellos diez soldados también han muerto. Seguramente con las horas y los días este horror se profundizará y al leer estas líneas las cifras variaran dramáticamente.

En la Franja de Gaza habitan más de un millón y medio de personas en condiciones sanitarias terribles: sin alimentos ni medicamentos, el medio de transporte más habitual son carretas tiradas por burros.

Aún no hemos salido de la barbarie. Nos hemos acostumbrados a ver violar la legalidad internacional, las leyes más elementales de la guerra, el simple principio de humanidad.

Dice Eduardo Galeano “somos la única especie animal especializada en el exterminio mutuo. ¿No es evidente que las guerras de Afganistán y de Irak (50.000 civiles muertos) y las invasiones de Gaza y El Líbano son incubadoras de odio que fabrican fanáticos en serie?”. Niños palestinos se convierten en terroristas que se hacen saltar por los aires asesinando a civiles israelíes.

Hezbollá no existía cuando Israel arrasó El Líbano. Se práctica el terrorismo porque se tiene derecho a defenderse del terrorismo. Creer que el fin justifica cualquier medio además de inmoral, demostró en éste y otros conflictos que lleva a un callejón sin salida.

Hay que detener el fuego ya y trabajar para revertir el desastre humanitario.El conflicto palestino-israelí debe plantearse sobre la base del reconocimiento de los dos Estados: Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro, en paz y con límites seguros.

Los temas esenciales del conflicto: Jerusalén, refugiados, fronteras, seguridad, asentamientos, recursos hídricos y desarrollo económico deben abordarse respetando la rigurosa aplicación de las Resoluciones de Naciones Unidas 1559, 1595, 1701, 1757 y 1860 retomando el proceso de paz iniciado en los acuerdos de Oslo.

El ruido de las bombas y la muerte deben dejar paso al diálogo y la negociación, de lo contrario la sentencia de Hannah Arendt en tiempos del nazismo y la Segunda Guerra Mundial serán realidad: “Si es verdad que la política es algo necesario para la subsistencia de la humanidad, entonces de hecho ha comenzado a autoliquidarse”.